A4 Investigaciones Urbanas

Hoy, el tema vuelve a estar en boca de todas las radios y en las letras de los principales medios gráficos a partir de la intervención del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), luego de la toma de un complejo de monoblocks en la calle Esteban Bonorino por parte de vecinos del barrio Rivadavia I, en reclamo de soluciones rápidas a la situación de hacinamiento en la que viven: 20 personas comparten un departamento y un solo baño.

La semana pasada también cien familias inquilinas de la Cooperativa El Hogar Obrero, en el edificio “Nicolás Repeto” de Av. Rivadavia 5126, realizaron una movilización exigiendo que no rematen las propiedades que alquilan hace años sino que se les otorgue una línea de crédito y la suspensión urgente de los remates ordenados por el juzgado interviniente. El jueves pasado, el Espacio de Coordinación de Cooperativas Autogestionarias (ECCA) marchó desde el Obelisco al IVC para exigir una serie de puntos en los que se incluían diversas problemáticas habitacionales: la reformulación de la Ley 341 que reglamente la creación y desarrollo de las cooperativas, un programa de emergencia que contemple el cese inmediato de los desalojos y la financiación para el semestre que resta del 2006 y presupuesto para 2007, entre otras cosas.

Hace ya dos años la Legislatura porteña declaró la emergencia habitacional en la ciudad, en donde instruía una partida de 30 millones de pesos para la construcción de nuevas viviendas y el cese de los desalojos. Ambos artículos fueron vetados por el Poder Ejecutivo y hoy la situación es aún más acuciante.

Según datos de la Defesoría porteña hay 340 mil personas con problemas de vivienda en la ciudad, un 12% de la población, sin contar quienes viven en condiciones de hacinamiento y en los últimos cinco años se han generado 24 nuevos asentamientos. Al hablar con funcionarios porteños los números varían. El Instituto de la Vivienda aseguró que hay 150 mil personas que viven en las 21 villas de emergencia de la Capital, mientras una cantidad similar reside en casas tomadas. Según el ministro de Planeamiento porteño, Juan Pablo Schiavi, en la ciudad hay 120 mil personas que viven en villas de emergencia (unas 30 mil personas menos) y deberían construirse alrededor de unas 45 mil viviendas, sin contar las casas tomadas.

El ministro afirmó que uno de los objetivos del gobierno de Telerman es resolver el ‘grave problema habitacional’. Otros funcionarios, como la ministra de Derechos Humanos y Sociales Gabriela Cerruti, aseguran que, como ya no hay hambre, entonces el reclamo se traslada a la vivienda.

El IVC es el organismo encargado de las políticas habitacionales y tiene un presupuesto de 250 millones de pesos, pero además maneja fondos provenientes del Plan Federal de Viviendas del gobierno nacional. Con este presupuesto, la Ciudad sólo construyó 3.000 viviendas en los últimos cuatro años. El director y actual interventor del IVC, Claudio Freidin, que al asumir en mayo aseguró que la suya iba a ser una continuidad de la gestión anterior, tiene tres meses para actualizar el mapa de la emergencia habitacional de la ciudad y fortalecer los procesos de urbanización de las villas existentes.

Freidin, al mes de asumir, en un acto de entrega de viviendas aseguró: “Hay que cambiar la imagen que tiene la gente que las viviendas financiadas por el Estado son viviendas berretas. Las viviendas tienen que tener el mismo nivel que la gente que la ocupa’.

Un caso paradigmático fue el de la Villa Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur desde 1986 y desalojada el año pasado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un amparo ante la justicia para que se urbanizara el asentamiento y se obligara al gobierno porteño a garantizar a los habitantes de la villa ‘condiciones dignas de habitabilidad’, condiciones básicas como luz y agua potable. Sin embargo, unos meses después se llevó adelante el desalojo para que los terrenos se incorporaran a la Reserva Ecológica. Tras la entrega de un subsidio, más de 180 mil familias debieron volver al conurbano bonaerense. Según funcionarios del gobierno, “no es un desalojo, las familias se inscribieron, les entregamos un cheque y hasta los acompañamos a cobrar al Banco Ciudad”.

Hace unos meses desalojaron a familias en La Boca, también con la promesa de los subsidios y en marzo desalojaron a 17 familias que integran el Frente Darío Santillán en San Telmo, con un fuerte operativo policial y la amenaza de reprimir si no se retiraban rapidamente.

En Villa Soldati, cientos de familias que viven debajo de una autopista en la zona sur de la Ciudad vienen reclamando por su situación habitacional , esperando terrenos para construir viviendas. La villa se creó debajo de la autopista 7, ubicada en Lacarra al 3500, muy cerca de la estación de Premetro y de tren ‘Presidente Illia’. El asentamiento tiene más de 15 años de existencia y año tras año más personas se instalan en la villa que con cada lluvia se inunda.

Los intentos de instalar un Polo Farmacéutico en Lugano , con la consecuencia de desalojar a decenas de vecinos de un predio de la zona, generó una serie protestas. Finalmente, la Legislatura porteña terminó aprobando la urbanización de la villa 20, la construcción de un hospital y el Polo Farmacéutico, que hasta ahora es lo único que está en proceso de construcción. Un detalle que es interesante mencionar, es que en la intervención del IVC de la semana pasada fue la prueba de que el organismo tenía como asesores a sueldo a delegados y dirigentes de la Coordinadora de Villas, quienes participaron en las movilizaciones en defensa del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra durante el juicio político. En el caso de Lugano, las organizaciones territoriales de la zona denunciaron a uno de los punteros, Marcelo Chancalay por amenazas y golpes a los vecinos del barrio.

El jueves pasado desalojaron a 87 familias del asentamiento ubicado detrás de Ciudad Universitaria en Nuñez , de 10 años de existencia. Con el mismo mecanismo de brindar subsidios para que los habitantes se trasladen a la Provincia, el gobierno dejó libre la villa Rosa (alrededor de 17 hectáreas) en donde van a realizar un Parque de la Memoria. Según palabras de Gabriela Cerruti, “Cuando hay un trabajo previo, los subsidios funcionan. Muchas familias se juntaron, se compraron un terreno en la provincia de Buenos Aires y empezaron a construirse sus viviendas’.

Mientras en los barrios ricos se construye a un ritmo vertiginoso y se propone la venta de los terrenos de la UBA que utilizan los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires como campo de deportes en Puerto Madero por su valorada ubicación, al igual que se multiplican los proyectos de reformas en este barrio, los alquileres siguen aumentando y acumulan en el año un 7,2 por ciento de suba, lo que demuestra la especualación financiera. Aunque, sin mirar las cifras, es sólo cuestión de buscar el suplemento de clasificados y analizar los costos de alquiler de departamentos de un ambiente.